Los centros de datos (“CDs”) son la columna vertebral digital del negocio moderno. Con el crecimiento explosivo de la inteligencia artificial y la computación en la nube, el desarrollo de CDs está acelerándose a nivel global. Esta expansión conlleva una combinación de riesgos legales ya conocidos, pero con características específicas del sector, que deben ser gestionados por desarrolladores, operadores, contratistas, arrendatarios y proveedores.
A continuación, se exponen algunas de las áreas de riesgo más relevantes, seguidas de consejos prácticos para prevenir disputas o, si son inevitables, resolverlas de la mejor manera posible.
Riesgos regulatorios: energía, agua, emisiones y cumplimiento en ciberseguridad
Los CDs de tipo “hiperescala” requieren más de 100 MW de capacidad operativa. El uso creciente de sistemas de refrigeración por agua, por razones de eficiencia y escalabilidad, ha intensificado el escrutinio sobre el consumo hídrico, especialmente en un contexto de creciente escasez global de agua. La Directiva Recast de Eficiencia Energética de la UE (2023/1791) ya exige que los CDs con una demanda de potencia informática ≥500 kW informen sobre la reutilización del calor residual (por ejemplo, en redes municipales de calefacción), métricas de consumo energético e hídrico, así como otros indicadores clave. La Estrategia de la Década Digital de la UE aspira a que todos los CDs sean climáticamente neutros y energéticamente eficientes para 2030, siendo la recuperación de calor un requisito central. Todo esto puede dar lugar a disputas sobre diseño y adaptación, disputas por cambios normativos o fuerza mayor, o conflictos sobre penalizaciones contractuales.
El aumento de las obligaciones en materia de ciberseguridad puede generar ampliaciones no previstas del alcance de los proyectos y reclamaciones de compensación adicional por parte de los contratistas, o retrasos en la puesta en marcha debido a demoras en la certificación.
Complejidad constructiva y modelos de contratación
Los proyectos de construcción de CDs están creciendo en tamaño y complejidad. Para facilitar la escalabilidad y reducir los plazos de construcción (que a menudo son inferiores a 18 meses), la construcción modular está ganando popularidad. Esto presenta riesgos de desalineación de interfaces y alcance para el desarrollador, especialmente cuando la empresa de módulos no proporciona una solución integrada y llave en mano, por ejemplo, en la prefabricación e instalación. Los modelos de contratación OFCI (Owner Furnished Contractor Installed), ya sean modulares, tradicionales o híbridos, presentan desafíos similares de integración, como la determinación de responsabilidades entre garantías del fabricante y obligaciones de instalación del contratista.
Además, la infraestructura energética propia, como el uso de energías renovables con almacenamiento en baterías de litio-ferrofosfato para alimentar los CDs, puede generar sus propios problemas de construcción y suministro. También debido a su intensidad energética, los CDs modernos requieren más componentes mecánicos y eléctricos (como transformadores) que en el pasado. La alta demanda y los largos plazos de entrega de estos equipos pueden generar disputas entre propietarios/desarrolladores, contratistas generales y proveedores.
Propiedad intelectual y exposición de secretos comerciales
El desarrollo de CDs reúne a una variedad de actores: desarrolladores, grandes empresas tecnológicas, contratistas, proveedores de chips y start-ups, que pueden compartir propiedad intelectual o secretos comerciales, incluso en etapas tempranas de conceptualización. Esto puede dar lugar a reclamaciones por uso indebido de información compartida, especialmente cuando los acuerdos son informales o se documentan únicamente por correo electrónico.
Protección de inversiones en mercados emergentes
Uno de los factores clave en el desarrollo de CDs es el acceso a bienes inmuebles económicos. Esto está impulsando proyectos en jurisdicciones en desarrollo con regímenes regulatorios y legales inciertos o impredecibles, incluyendo África y América Latina. Los cambios regulatorios pueden afectar significativamente la estabilidad de la inversión. Incentivos o promesas previamente ofrecidos a los inversores en CDs—como exenciones fiscales, acceso a la red, energía o recursos naturales, tarifas de servicios públicos reducidas o autorizaciones de zonificación—pueden ser retirados o modificados. Esto puede comprometer la viabilidad financiera y operativa de los proyectos, y en ciertos casos, constituir violaciones de protecciones al inversor en acuerdos y tratados de inversión—como el trato justo y equitativo o cláusulas de nación más favorecida (MFN)—lo que puede dar lugar a reclamaciones contra Estados anfitriones.
Más allá de las disputas potenciales con el gobierno anfitrión, estos cambios suelen generar un efecto cascada de conflictos entre otros actores clave, incluidos operadores de CDs, arrendatarios (por ejemplo, proveedores de servicios en la nube), empresas de gestión de instalaciones, aseguradoras y proveedores de servicios públicos.
Herramientas para limitar disputas
Las siguientes herramientas pueden ayudar a mitigar el riesgo legal y preparar el terreno ante posibles disputas:
- Diligencia debida sobre la contraparte contractual: por ejemplo, el operador del CD debe investigar el historial operativo, la solvencia financiera y la gobernanza de datos del cliente. Las declaraciones realizadas en esta etapa pueden servir como base para futuras reclamaciones por falsedad u omisión dolosa.
- Seguimiento normativo: monitorear la evolución de las leyes que afectan el cumplimiento en materia de energía, agua y ciberseguridad.
- Formalizar por escrito: es fundamental contar con acuerdos de colaboración sólidos, acuerdos de confidencialidad (NDAs) o acuerdos de joint venture (JV) que determinen la titularidad de la propiedad intelectual y protejan los secretos comerciales, evitando así disputas como la del caso Digiport v Foram (Tribunal de Apelaciones de Distrito de Florida).
- Claridad y especificidad contractual: por ejemplo, ¿el tiempo de inactividad comienza cuando un rack individual está fuera de servicio, o se refiere a la degradación o indisponibilidad de la conectividad de red? ¿Y cómo se monitoriza exactamente para efectos contractuales? Es clave definir con precisión el tiempo de inactividad, los niveles de servicio y los mecanismos de seguimiento.
- Pensar en términos de “back-to-back”: los riesgos por retrasos y las penalizaciones resultantes deben estar alineados en todos los niveles contractuales.
- Incluir mecanismos flexibles de ajuste de precios: por ejemplo, en el SLA para los costes energéticos del funcionamiento del CD durante la vigencia del contrato.
- Establecer protocolos documentales sensatos: deben equilibrar la necesidad de registrar adecuadamente lo que ocurre y cuándo (por ejemplo, registros de servidores con información sobre eventos del sistema, alertas de servicio y comunicaciones internas) con la prudencia de evitar documentos innecesarios que puedan ser objeto de producción (divulgación) en un procedimiento legal.
- Elegir con cuidado las opciones de resolución de disputas contractuales: dado el carácter generalmente a largo plazo de estos contratos, conviene prever un período de negociaciones amistosas entre altos ejecutivos y/o mediación. También es recomendable incluir cláusulas de arbitraje compatibles en contratos cuya ejecución esté interrelacionada.
- Considerar protecciones de tratados desde el inicio: especialmente en proyectos en países menos desarrollados, donde recurrir a tribunales locales puede no ser viable, o donde una reclamación contractual no sea tan estratégica o rentable como una reclamación de inversión (por ejemplo, cuando hay varios contratos con cláusulas de arbitraje incompatibles, lo que podría dar lugar a arbitrajes paralelos).